"No quiero retractarme de nada porque no es honrado actuar contra la propia conciencia". Miguel Delibes. El Hereje.
Hola Mundo.
"Quien ataca el trasvase Tajo-Segura, ataca a la región de Murcia". Eso repite siempre que tiene ocasión el presidente Fernando López Miras abrazado al cartel mental del "Agua para todos" que tantas victorias electorales reportó a Ramón Luis Valcárcel, ahora
investigado por montar una desalobradora, la de Escombreras, que ha
sangrado, sangra y sangrará las arcas regionales durante muchos años.
Malversación de fondos y prevaricación le imputa el juez.El trasvase Tajo-Segura mueve votos pero, sobre todo, mueve mucho dinero en la cuenca del Segura donde el agua se ha convertido en un negocio muy lucrativo; y quien osa cuestionar su permanencia se convierte en un hereje a quemar en la hoguera de los tribunales.
El hereje se llama Francisco Turrión. Un
hidrogeólogo de dilatada experiencia técnica en la Confederación
Hidrográfica del Segura que en 2017 osó realizar un informe para
Greenpeace titulado "La trama del agua en la cuenca del Segura, diez años después".
En ese informe, Turrión aseveró que el trasvase Tajo-Segura podría cerrarse en el plazo de tres años, dado
que, según sostenía y sostiene, la cuenca del Segura es autosuficiente y tiene capacidad para
abastecerse de sus propios recursos. "El continuo déficit de agua que se muestra es ficticio, pero se
utiliza para tratar de justificar la necesidad de megaconstrucciones y
grandes plantas de desalación, además de seguir alimentando proyectos
urbanísticos de la burbuja inmobiliaria y dar más agua a miles de nuevas
hectáreas de regadíos intensivos e ilegales".
Según Turrión "los
recursos propios de agua de la cuenca del
Segura están mal evaluados y no se cuenta con la mitad de los recursos
naturales de agua subterránea que tiene". Éstos, según sus cálculos,
alcanzan "un volumen adicional de entre 500 y 800 hectómetros cúbicos al
año que sumados al agua desalada que prevé el Plan Hidrológico, hace
que la cuenca del Segura tenga un superávit de unos 200 hectómetros cúbicos al año incluso sin contar con el agua procedente del Tajo".
El informe de Turrión que Greenpeace presentó en Toledo tuvo rápida respuesta por parte de Murcia. El entonces presidente de la CHS, Miguel Ángel Ródenas, llamó a capítulo a 25 "expertos" para que estamparan su firma en una carta abierta
previamente redactada, dicen que desde el Instituto Euromediterráneo
del Agua, con la que intentaron desacreditar el informe de la
organización ecologista del que dijeron "no se basa en realidades
científicas contrastadas sino en falsedades pseudocientíficas que son
rechazadas por los especialistas". "La cuenca del Segura pierde el 90%
de la lluvia por la evapotranspiración" afirmó Ródenas.
Solo que los 25 expertos olvidaron rebatir con datos técnicos pormenorizados las supuestas falsedades como tuvo que recordarles la
organización ecologista. "Sus argumentos son generalidades basadas en
creencias y opiniones antiguas que no tienen en cuenta los nuevos
estudios sobre los acuíferos de la cuenca del Segura" respondió
Greenpeace.
Nadie
osa cuestionar o criticar el trasvase Tajo-Segura en la región de
Murcia y quien se atreve debe ser duramente castigado no vaya a ser que
broten imitadores replicando el mensaje. Y el Ministerio de Agricultura, entonces bajo el mandato de Isabel García Tejerina, abrió expediente disciplinario a Turrión con
suspensión de empleo y sueldo durante seis meses. No por lo dicho en
ese informe, que había expresado en multitud de ocasiones anteriores en
artículos de prensa, "sino por haberlo dicho en una publicación de
Greenpeace y por la repercusión mediática que ello podría suponer"
concluyó el juzgado de lo social número 6 que, en marzo de 2019, declaró
nula la sanción impuesta a Francisco Turrión y condenó al Ministerio a indemnizar al geólogo con 12.000 euros por daños morales.
El fallo judicial estimó que había "sobrados indicios de que el auténtico móvil de la sanción fue coartar la libertad de expresión" del
funcionario de la CHS que había cuestionado la necesidad del trasvase
del Tajo. Es más. La juez en su sentencia llegó a decir que existía "el más absoluto vacío probatorio" de que lo que se decía en el informe de Greenpeace no fuera cierto. Es decir, la administración ni siquiera se molestó en aportar al juzgado un informe técnico que rebatiera las tesis de Turrión.
Se trataba de silenciarle imponiendo
un castigo ejemplar y así disuadir a otros. Eso se deduce de la
intervención en el juicio del Abogado del Estado, Nicolás Valero Lozano. En su opinión, las tesis de Turrión sobre el trasvase del Tajo podían originar conflictos de orden público. Es decir, el abogado del Estado, en representación entonces del Ministerio para la Transición Ecológica de Teresa Ribera, vino
a justificar que se reprimiera la libertad de expresión de un técnico
para evitar conflictos territoriales al ser el agua un tema delicado.
El Ministerio perdió el juicio, pero
recurrió la sentencia del Juzgado de lo Social ante el TSJ de Murcia que
en diciembre de 2019 volvió a dar la razón al hidrogeólogo y, además,
condenó al Ministerio para la Transición Ecológica a pagar las costas
del juicio. La sentencia del TSJ contó con el voto particular de uno de
los magistrados a favor de Turrión en el que explicaba que el
recurso del ministerio ante el TSJ nunca debió admitirse porque las
sanciones disciplinarias anuladas en primera instancia no tienen recurso
posible y son firmes desde el primer momento, al igual que las
indemnizaciones que se deriven de dicha declaración de nulidad.
Pero la pesadilla de Francisco Turrión Pelaez
no ha terminado. Ni mucho menos. Tampoco ha cobrado la indemnización de
12.000 euros a la que tiene derecho por vulneración de derechos
fundamentales. El Abogado del Estado ha recurrido la sentencia del TSJ
ante el Tribunal Supremo en casación por unificación de doctrina. Y el
asunto está empantanado porque el TSJ de Murcia no dispone de la
sentencia 126/2003 del Tribunal Constitucional que debe remitir al
Supremo a petición de la abogacía del Estado.
Resulta
que el TSJ ha notificado a las partes que ha pedido en dos ocasiones
(el 16 de junio y 7 de octubre de 2020) al Tribunal Constitucional la
sentencia 126/2003 sin recibir respuesta. Pero desde el Tribunal
Constitucional aseguran que ellos no han recibido ninguna petición de
TSJ de Murcia. Y recuerdan que todas las sentencias del Constitucional
se publican en el BOE. Pero es que la sentencia en
cuestión está colgada en la página web del Constitucional y cualquiera
la puede consultar. Basta con un ordenador y con darle al intro. Surrealista la historia, pero reveladora del funcionamiento de la justicia en España.
En un hereje hídrico, en eso se ha convertido Francisco Turrión por
cuestionar la necesidad del trasvase Tajo Segura, por asegurar que la
cuenca del Segura no es deficitaria, por criticar la gestión de la CHS
que durante tantos años permitió la expansión sin control del regadío
ilegal, por pedir que sea la AEMET y no CEDEX quien aporte los datos
pluviométricos, por decir que el nivel de los pozos se mide
erróneamente, que no se contabilizan los embalses subterráneos y por
denunciar que se están regando con aguas del trasvase fincas agrícolas
que no tienen derecho al agua del acueducto. Y todo eso, según
Greenpeace, "inquieta sobremanera a los aguatenientes que quitan y ponen
consejeros en la región de Murcia".
El
informe Greeneace alude a lo que en la cuenca del Segura se conoce como
"los peajes". "Esta figura no existe en la Ley de Aguas ni en ninguno
de sus Reglamentos ni Decretos, pero este tipo de autorización sin
publicidad y sin concesión existe en la cuenca del Segura y con ella se
puede estar movimiento un volumen anula de entre 30 y 40 hm3/año si no
más ya que la CHS no hace públicos los datos. Muchos de los regadíos
desarrollados en los últimos 20 años en Águilas, Mazarrón, Pulpí,
Almendricos (Lorca), los de la margen derecha del río Guadalentín hasta
la coste norte de Carrascoy y algunas fincas de la zona de Orihuela y
nordeste del Campo de Cartagena, que se encuentran fuera de los
perímetros de riego del trasvase Tajo-Segura, se riegan gracias a estos
peajes".
Cuestionar el dogma hídrico en la tierra del "Agua para todos" no sale gratis y Turrión
fue condenado a la hoguera de los tribunales cuyo fuego aviva un
Abogado del Estado, también profesor en la UCAM, que en el Juzgado de lo
Social llegó a decir que poner en tela de juicio la necesidad del
trasvase Tajo Segura es tan alarmante como si alguien dijera que "el
cáncer se cura tomando zumo de limón y se oculta para que las
farmacéuticas sigan ganando dinero". Evidentemente, no ha escuchado al
presidente de la UCAM, José Luis Mendoza, asegurar recientemente que "la ingesta de grandes dosis de vitamina C fulmina el coronavirus".
¿Se trata de las tribulaciones de un loco? ¿Es acaso Turrión un indocumentado? Sin duda, controvertido y responsable de las medidas piezométricas de la CHS. No consta que haya sido destituido.
En dos ocasiones ha sido invitado a comparecer ante las Cortes
Valencianas, ninguna ante la Asamblea Regional. Pero cuando Greenpeace
presentó el informe en Toledo, el entonces consejero de Agricultura, Francisco Jódar, arremetió
contra el funcionario de quien dijo "carecía de toda credibilidad y era
"una persona absolutamente devaluada". "El señor Turrión ha batido su récord en su particular antología del disparate y Greenpeace no podía haber caído más bajo" dijo Jodar.
Pero entre los años 2005 y 2008, aún sin desaladoras, se dio una de las sequías de mayor magnitud en España y la CHS optó por buscar agua en acuíferos profundos de la Cuenca del Segura. Encargó precisamente a Francisco Turrión la dirección técnica de la denominada batería estratégica de pozos de sequía: 80
pozos en tres años repartidos por toda la Cuenca del Segura que, según
la CHS, movilizaron del orden de 100 hm3 al año del subsuelo. Los
responsables del organismo de cuenca descubrieron con asombro que los
estudios realizados en los años 70 por el IGME (Instituto Geológico y
Minero de España) estaban en lo cierto y el agua subterránea de la
cuenca del Segura "superaba 100 veces el total del agua que pueden
acumular sus embalses superficiales".
Sin
embargo, los documentos oficiales de planificación hidrológica han
contabilizado las reservas de agua subterránea de toda España menos las
de la cuenca del Segura cuando haberla hayla y parte de ella se va al mar sostienen los expertos. ¿Por
qué los planes hidrológicos de la Cuenca del Segura no han
contabilizado las reservas de agua subterránea? La primera referencia
explícita a "reserva de agua subterránea" aparece en el Esquema
Provisional de Temas Importantes que dará lugar al Plan Hidrológico
2021-2027 de la Cuenca del Segura y es para decir que los acuíferos
están sobreexplotados, pero siguen sin contabilizar las reservas totales
de agua subterránea. No hay datos. Bastaría con medir con tecnología
moderna para salir de dudas y comprobar la sobreexplotación de los
acuíferos de la que se habla.
La
batería estratégica de pozos de sequía que ordenó construir la CHS
durante esos años de tremenda sequía en España, entonces presidida por José Salvador Fuentes Zorita, dio lugar a la publicación de un libro por parte del organismo de cuenca que su sucesora en el cargo, Charo Quesada, se negó a presentar en rueda de prensa y cuyos ejemplares almacenó durante meses debajo de una escalera. "Si se entera Barreda nos cierra el trasvase" le dijo a Turrión después de que éste declarase en Orihuela que habían dado con un acuífero que almacenaba 1500 hectómetros cúbicos de agua y de muy buena calidad, ni dos gramos de sal por litro.
Pero
herejes
son también las organizaciones ecologistas por denunciar plantaciones
en barrancos y ramblas, roturaciones de montes, transformaciones de
grandes fincas de secano, sobre todo en las zonas próximas a la
costa. En definitiva, por denunciar la existencia del regadío ilegal
que hasta hace muy poco negaban por activa y por pasiva las autoridades
regionales y hasta la administración estatal a través de la
Confederación Hidrográfica del Segura que durante muchos años hizo la
vista gorda.
Criticar
el trasvase del Tajo o la agricultura entorno al Mar Menor conlleva ser
anatematizado. Pocos se atreven. Nadie quiere exponerse a contrariar al
poderoso lobby agrícola y regante que organiza actos como los de la
Fundación Ingenio para confundir y blanquear de manera obscena al sector
agroindustrial y responsable, entre otros, del ecocidio.
Niegan
que la agricultura intensiva, que ha cultivado lechugas a pie de playa,
sea responsable del desastre ambiental de la laguna. Incluso se
permiten aseverar como hizo un catedrático de la UPCT que "los nitratos
no son el enemigo" cuando existe profusa literatura científica que
demuestra que los fertilizantes empleados en la agricultura son
responsables en un 85% de la eutrofización del Mar Menor y de la
contaminación química del acuífero que acumula 300.000 toneladas de
nitratos. También es cierto que detrás de la Cátedra de Agricultura Sostenible de la UPCT hay muchas de las empresas y organizaciones que componen la Fundación Ingenio.
Tan surrealista fue el acto de la Fundación Ingenio que otro de los expertos invitados, el profesor, Joaquín Melgarejo, habló de "cataclismo económico y social" si
desparece la agricultura del Campo de Cartagena, aseguró que "causa
gran bienestar a la población que vive de ella, también a la inmigrante"
y recordó, no se sabe muy bien con qué intención, que la reconversión
industrial de Cartagena en los años 80 acabó con la Asamblea Regional en
llamas. ¿Acaso insinúa que la reconversión ambiental que requiere la
agricultura y exige la UE para la agricultura entorno al Mar Menor
puede provocar episodios tan graves como la quema del Parlamento?
¿Conoce el profesor Melgarejo que un 32 por ciento de la población de la Región de Murcia se encuentra en situación de pobreza y exclusión social o en riesgo de padecerlas y que ese porcentaje que se eleva hasta el 36,3 por ciento en la comarca del Campo de Cartagena-Mar Menor? ¿Bienestar para quién?
El
gobierno regional ha aprobado tres leyes del Mar Menor en dos años y
ninguna ha servido para proteger la laguna porque no existe voluntad
política ni económica de solucionar un problema contaminado por el
nitrato político. El sector agrícola se resiste a entender que debe
adaptarse al entorno y no al revés. Nadie plantea sustituir lechugas por
algarrobos y lagartijas como dicen desde la Fundación Ingenio, se trata
de cumplir escrupulosamente la legalidad vigente, de producir un poco
menos y de hacerlo de manera realmente respetuosa con un bien ambiental
superior que merecen disfrutar las generaciones futuras. Los recursos son finitos y la expansión ilimitada del regadío intensivo imposible.
El Mar Menor gritó ¡Basta! pero según el último informe del Ministerio para
la Transición Ecológica, casi 500 hectáreas de regadío ilegal en el Mar
Menor denunciadas en 2018 siguen regando. Los agentes medioambientales
continúan las inspecciones en la denominada cota 120 de la comunidad de
regantes del Campo de Cartagena donde están regando de manera ilegal
1000 hectáreas de las 11.220 que tienen autorizadas "en precario y de
manera provisional". La cota 120, por cierto, surgió al calor de las obras
del Trasvase Tajo-Segura, pero no cuenta con derechos de riego
sobre agua trasvasada.
Se sienten impunes porque son impunes. Nadie ha pagado aún por el destrozo ambiental causado.
La Consejería de Agricultura asegura que ha abierto los primeros
expedientes para exigir la restitución del daño causado, pero lo ha
hecho a instancias de la Fiscalía que identificó a diez operadores económicos
para que paguen por contaminar y los remitió a la CARM con la
advertencia de que si no hacen nada al respecto, no le quedará más
remedio que acudir a la vía judicial. La Fiscalía ya se ha dirigido a la
Consejería de Antonio Luengo para que informe cómo va con las pesquisas.
El juez del caso topillo ha
ordenado a la empresa Hidrotec SL que geolocalice las desalobradoras de
45 clientes, algunos son empresas muy importantes de la comarca.
Responde así a una petición del Seprona de la Guardia Civil sabedor de
que se sigue desalobrando agua y vertiendo indebidamente. Pero es que
los inspectores de la CHS siguen localizando desalobradoras ilegales en
el Campo de Cartagena: 42 en lo que va de año, 33 de la cuales habían
sido precintadas en inspecciones anteriores y habían vuelto a poner en
funcionamiento tras romper el precinto.
Nadie entra en la cárcel por destrozar el medio ambiente. Ni siquiera pasa factura electoral.
Aquí gana VOX. En la región de Murcia solo pagan los herejes que osan
cuestionar el dogma hídrico y agrícola y pueden causar "conflictos de
orden público". Que callen, no vaya a ser que despierten al resto y
descubran que, quizás, viven engañados en la tierra del Agua para todos.
NOTA:
"...Podemos concluir que la situación hidrodinámica de los acuíferos
que conforman las masas de agua subterráneas de la cuenca del Segura es
estable y en equilibrio en 57 de las 63, lo que representa el 92% de la
superficie total de dichas masas..." concluye el informe oficial de la CHS sobre
el estado cuantitativo de las masas de agua subterráneas de la
demarcación hidrográfica de la Cuenca del Segura realizado a partir de
mediciones realizadas por funcionarios de organismo de cuenca.
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