VALENCIA.- Eduardo Zaplana había salido indemne hasta ahora del festival de casos de corrupción que atenaza al Partido Popular. El nombre exministro de Trabajo
y expresidente de la Generalitat valenciana ha estado en las quinielas
desde los años noventa, cuando las grabaciones telefónicas del caso Naserio
delataron su afán de enriquecimiento, recuerda hoy El Confidencial.
"Tú haces de intermediario de la
venta (de un solar de Benidorm), que yo no puedo, y tú pides la comisión
a Javier Sánchez Lázaro, ¿eh? Y luego nos la repartimos bajo mano", le
dijo a su amigo, ya fallecido, Salvador Palop.
Las
cintas fueron anuladas judicialmente y el caso, por el que nunca llegó a
ser imputado, cerrado. Han tenido que pasar casi 30 años de aquella
confesión en la intimidad para que la Justicia echara el lazo al
experimentado político conservador.
Como un sino en su carrera,
las grabaciones han perseguido a Zaplana de forma directa o indirecta
desde que comenzó su escalada política en Benidorm. Primero fue Naseiro,
luego las cintas en las que unos empresarios contratistas de Terra
Mítica le implicaban en el presunto cobro de comisiones.
Nunca se les
dio credibilidad y estos contratistas fueron juzgados por fraude fiscal y
condenados en un juicio en el que quedaron absueltos exdirectivos del
parque temático impulsado por Zaplana. Su nombre volvió aparecer en la operación Lezo, pero sus charlas reveladoras interceptadas por la Policía con el expresidente madrileño Ignacio González no fueron consideradas suficientemente incriminatorias y quedó fuera del listado de imputados de la Audiencia Nacional.
Su arresto este martes por agentes de la UCO, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción en Valencia,
liquida el mito del Zaplana al que salpicaban los casos pero nadie
encontraba indicios suficientes como para someterlo al escrutino
judicial. Tras dos años de investigación secreta, los fiscales Vicente Torres y Pablo Ponce
han dado caza al exministro con una causa que amenaza con destapar más
de dos décadas de corrupción, si como apuntan fuentes de la
investigación, se vincula la posible repatriación de fondos desde el
extranjero (blanqueo de capitales y delito fiscal), con el cobro de
comisiones durante su etapa en la Generalitat valenciana o el Gobierno
de Aznar.
Escaló a la presidencia regional en 1995 y se mudó a Madrid en
2002. De ser así, la malversación y la prevaricación estarían
prescritas, pero no el intento de repatriar los fondos desde el
extranjero a escondidas.
El ‘campeón’, como lo describió Julio Iglesias cuando lo contrató en la Generalitat valenciana para promocionar por el mundo la Comunidad Valenciana a cambio de un jugoso contrato del que se beneficiaron sociedades radicadas en paraísos fiscales, se ha dedicado en los últimos años a los negocios y la ‘consultoría empresarial’ a través de su mercantil Decuria Consulting, con la que ha facturado más de dos millones de euros desde que la constituyó
en junio de 2008 (los mejores ejercicios fueron 2012, 2013 y 2014, con
más de 400.000 euros anuales de cifra de negocio).
En 2016 ingresó por
sus servicios más de 216.000 euros. Las oficinas de su empresa, que
conciden con su domicilio en Madrid, también fueron registradas por los
agentes de la UCO.
Las operaciones empresariales en las que Decuria ha participado no son
públicas, pero en los cenáculos siempre se ha señalado a ‘Eduardo’ como
buen lobista e intermediario en no pocos negocios.
Uno de los que
siempre rondó por su cabeza en sus tiempos de barón territorial y nunca
llegó a ejecutarse fue la posible y multimillonaria fusión del Canal de Isabel II con Aguas de Valencia, previa privatización del primero, la operación soñada para cualquier conseguidor.
A partir de 2008, cuando se descabalgó del cargo de portavoz del PP en el Congreso tras haber perdido la confianza de Mariano Rajoy, Eduardo Zaplana pasó a un segundo plano mediático para dedicarse ‘full time’ a sus aficiones preferidas: la conspiración política entre bastidores y
los negocios.
Excelentemente relacionado, amigo de sus amigos e
implacable con sus enemigos, tuvo que echar el freno en sus actividades
hace más de un año para tratarse una leucemia, de la que todavía se está
recuperando, y que le ha obligado a someterse a un trasplante de médula
en el Hospital La Fe de Valencia.
Tres de cuatro presidentes investigados
Doctorado
en puertas giratorias, fichó por Telefónica como adjunto a la
secretaría técnica de la presidencia, donde ha recibido una retribución
periódica que nunca se ha hecho pública. Ha tenido desde entonces
despacho en la sede de Gran Vía de la cotizada, primero con César
Alierta, y ahora, también, con José María Álvarez-Pallete, con quien ha
compartido rutas de ‘running’ en compañía de su gran y verdadero valedor
en la empresa, su amigo Javier de Paz.
También es consejero independiente de Logista, la filial de la
privatizada Altadis, donde percibe una retribución fija anual de 60.000
euros más dietas.
En cualquier caso llueve sobre mojado en la
Comunidad Valenciana. Zaplana es el tercero de los cuatro presidentes
autonómicos que ha tenido el Partido Popular con problemas con la
Justicia.
José Luis Olivas ya tiene una condena por falsedad documental y delitos fiscal y Francisco Camps
está investigado en causas relacionadas con el Gran Premio de Fórmula 1
de Valencia.
Solo el actual senador Alberto Fabra se ha librado por el
momento.
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