MADRID.- La operación protagonizada este martes por la UCO contra
empresarios y ex cargos del PP, con la detención de Eduardo Zaplana,
tuvo respuesta inmediata por parte de Génova 13: suspendió de militancia
al ex presidente de la Generalitat Valenciana. La noticia, no obstante,
no pilló por sorpresa a importantes dirigentes del partido.
Según explican a El Confidencial Digital desde
el PP de la Comunidad Valenciana, altos cargos del partido habían sido
advertidos hace semanas de la operación contra Zaplana. Un aviso que
también llegó a la ejecutiva nacional, donde se esperaba desde hace
tiempo una decisión así por parte de la Justicia.
Las fuentes consultadas explican: “Ya sabíamos que la UCO iba detrás de Zaplana desde que reingresó en España dinero que había enviado a paraísos fiscales”.
No
obstante, el “run run” sobre una posible detención se hizo más intenso
en los últimos días, hasta que finalmente “todo ha explotado”.
Por eso no se ha atacado a PSOE y Compromís
El
PP, por tanto, maneja información de primera mano sobre las pesquisas
de la Guardia Civil, tal y como reconocen a ECD algunos de sus
dirigentes. Una circunstancia que ha sido clave en la decisión del
partido de no ir a por PSOE y Compromís pese a la investigación abierta en Valencia por la financiación ilegal de ambos partidos.
Los populares valencianos reconocen que, en un primer momento, se barajó la opción de impulsar una comisión de investigación en las Cortes Valencianas, con el objetivo de desgastar al gobierno de Ximo Puig y Mónica Oltra. No obstante, añaden, “nunca se dio el paso definitivo” y pocos entendían el porqué.
La razón, “obviamente”, no era otra que el “aviso de lo que podía pasar” en próximas fechas con Eduardo Zaplana. “Nos llegó el aviso. Y lo peor es que esto no ha acabado todavía, según lo que nos dicen”.
Alejandro Agag y el circuito de Fórmula 1
La información que le ha llegado al PP es tan “delicada”, que en el partido se preparan para una “investigación global”,
en la que el ‘caso Zaplana’ sea solo la punta del iceberg: “Todo está
relacionado. Con la Gürtel y también con la Púnica, porque los
empresarios son los mismos”.
Así las cosas, y a pesar de que las investigaciones al ex presidente valenciano se están centrando en las concesiones de las ITV durante su etapa al frente del Consell, la línea de actuación de la UCO no ha concluido: “Todo se va a revisar. Desde las irregularidades durante la visita del Papa en 2006, hasta las obras del circuito de Fórmula 1”.
Sobre
la construcción del circuito urbano, la información que maneja el
Partido Popular es que los investigadores poseen documentación, y
también declaraciones de empresarios procesados, en los que aparece el nombre de Alejandro Agag.
Al partido le llega que el yerno de José María Aznar, marido de Ana Aznar, aparece en “papeles”sobre las obras que se hicieron en Marina Real -próxima al puerto de Valencia- para el circuito urbano de Fórmula 1.
La
información de la que dispone el PP indica que ni el juez ni la Guardia
Civil tienen prevista de momento ninguna acción contra Alejandro Agag.
No obstante, añaden las fuentes consultadas, “no hay que descartar que alguno de los detenidos este martes mencione su nombre cuando pasen a disposición judicial”.
Peligro para la actual cúpula del PP
En
el PP dan por sentado que las detenciones de ayer no solo reabrirán
viejas investigaciones sobre el circuito de Fórmula 1, sino también
sobre el rescate a Valmor, la sociedad mercantil que poseía los derechos del trazado urbano, y que estaba gestionada por Bancaja, Jorge Martínez Aspar y Fernando Roig.
Cabe recordar que la Generalitat Valenciana, con Alberto Fabra al
frente, decidió asumir en 2011 la deuda de más de 32 millones de euros,
y que el PSOE decidió llevar esa operación, llena de interrogantes,
ante la Fiscalía Anticorrupción.
Ahora, señalan las fuentes
consultadas, ese episodio se volverá a reabrir y supondrá un duro
varapalo para algunos integrantes de la cúpula del PP a nivel regional.
Entre otros, la actual presidenta del partido, Isabel Bonig, y el delegado del Gobierno en la Comunidad, Juan Carlos Moragues, que respaldaron, desde sus puestos en el Consell, la decisión de Fabra.
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