MADRID.- El Ministerio de Hacienda y
Función Pública elevará el interés de los préstamos del FLA para
situarlos al mismo nivel que los del mercado, y propiciar así que las
autonomías abandonen progresivamente este mecanismo y logren, de nuevo,
financiarse por sí mismas.
Así consta
en el documento de conclusiones del Comité Técnico del Consejo de
Política Fiscal en torno al debate de la financiación autonómica, que el
ministro Cristóbal Montoro ha remitido a los gobiernos regionales y al
que ha tenido acceso El Economista.
El
citado informe, de 55 páginas, asegura que el Gobierno y las autonomías
estarían de acuerdo con "la conveniencia de reducir los mecanismos
-como el FLA- de manera sustancial", de modo que su utilización "sea
cada vez más extraordinaria" y motivada solo por cuestiones "muy
graves".
Además, el texto incluye la recomendación de "adaptar las
condiciones financieras" que ofrecen los citados mecanismos "a las
actuales condiciones de mercado", esto es, elevar los intereses. Todo
ello "aprovechando el entorno favorable y los bajos tipos para alargar
los plazos de endeudamiento".
En
esa consideración, no se oculta la intención última de "incentivar la
salida a los mercados de las comunidades autónomas" después de un
sexenio de anormalidad. Fue en 2012 cuando Montoro, con el grifo de la
financiación casi cerrado para España y muerto para las autonomías, ideó
el FLA y la Facilidad Financiera para que los gobiernos regionales
pudieran pagar facturas y atender vencimientos sin incurrir en quiebra.
Desde
entonces, esos fondos han dejado en las arcas regionales casi
250.000 millones de euros, el equivalente al 23% del PIB español. De esa
cantidad, las autonomías deben devolver aún 157.000 millones.
De cualquier manera, la reforma de la
financiación autonómica que pretende pactar Hacienda incluirá la
creación de un nuevo fondo de financiación extraordinario que "permita
atender posibles situaciones excepcionales" y que solo sea utilizado en
caso de "una verdadera necesidad de liquidez".
Una idea que, además, ya
aconsejaron el verano pasado los sabios que recibieron el encargo de
diseñar un marco para la nueva financiación autonómica.
Por último, y respecto a la famosa quita
de la deuda a la que habitualmente se refiere Montoro, el informe del
Comité Técnico advierte sobre "la conveniencia de acometer una
reestructuración transparente", siempre a través de la ampliación de plazos o la modificación de tipos de interés, como sucedió con Grecia. No habrá, en ningún caso, perdón del principal.
El documento que Montoro ha remitido a las
comunidades debe servir de base para que, ahora sí, se produzca una
reunión del Consejo de Política Fiscal y se aborde de una vez la
revisión del modelo, pendiente desde 2014. Ese encuentro debería tener
lugar, tal y como sugirió el presidente Mariano Rajoy, entre finales de
este mes y principios del próximo.
El
informe que maneja el Gobierno también repasa la capacidad tributaria
de las CCAA y el conjunto de recursos tributarios cedidos por parte del
Estado. Hay una predisposición por parte de Hacienda de una armonización
del Impuesto sobre el Patrimonio (IP), Impuesto de Sucesiones y
Donaciones, el Impuesto sobre Actividades de Juego y el Impuesto sobre
Depósitos en Entidades de Crédito (IDEC).
Las CCAA reciben ya en la
actualidad los rendimientos generados en su territorio de los tres
impuestos mencionados, pero no a través del Sistema, sino al margen de
él. El departamento de Montoro aboga por integrarlo de una vez en el
sistema.
La posición mayoritaria de las CCAA sobre
el IP ha sido la de mantener el impuesto, apostando por la
homogeneización de su base imponible y la simplificación de algunas
exenciones y deducciones y bonificaciones de la cuota, así como por el
establecimiento de niveles mínimos de tributación que eviten
deslocalizaciones fraudulentas.
En el ITPAJD, las CCAA, también, defienden
la necesidad de modificar la regulación de la base imponible
sustituyendo el concepto de valor real por valores objetivos que
minimicen la conflictividad.
En ocasiones se plantea también introducir
como nuevo medio de comprobación de valores el valor de referencia
determinado por la Dirección General del Catastro. Y en el ISD las CCAA
quieren mantenerlo pero apelan a la necesidad de revisar y actualizar su
normativa. "No obstante, no existe consenso en relación con algunos
aspectos técnicos, como la posibilidad de mantener el impuesto
estructurado en base a una tarifa progresiva o bien establecer tipos
fijos en función del grado de parentesco o sobre la supresión o
modificación de reducciones, entre otros", indica Hacienda en el
documento.
Otras de las pretensiones de las CCAA son
obtener mayor participación en los tres grandes impuestos del Estado
como IRPF, IVA e Impuestos Especiales. Hasta ahora parte de ellos están
transferidos. Hacienda se opone a la modificación de estos tributos y
alude a que no hay consenso al respecto.
Además, señala en cuanto a la
posibilidad de instrumentar un tramo colegiado en el IVA o los Impuestos
Especiales, "muchas CCAA han puesto de manifiesto en el CTPE las
dificultades de su implementación, tales como que el nivel existente de
tipos de IVA podría considerarse ya elevado o el hecho de que un
instrumento de estas características podría generar competencia fiscal
entre las CCAA y el Estado para anticiparse en la ocupación de un
determinado espacio fiscal".
También rechaza el posible aumento de
cesión del IRPF como propuesta alternativa a los impuestos colegiados
"porque alteraría la capacidad redistributiva de la Administración
central, por lo que se considera que no procede una modificación de esta
cesión".
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