El Consejo de Europa afea a España que no solucione la “supuesta politización” de la Justicia

BARCELONA.- El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO), organismo dependiente del Consejo de Europa para mejorar la capacidad de los estados miembros en la lucha contra la corrupción, ha vuelto a poner el dedo en la yaga al advertir de que sigue sin acometerse “el talón de Aquiles de la judicatura española: su supuesta politización”, recoge La Vanguardia. 

Con estas palabras, se expresa el informe del organismo que analiza el grado de cumplimiento con que el Estado español ha respondido ante los retos que el propio GRECO le planteó hace seis años. Entonces, a España se le recomendó cambiar la forma en que se elige el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero aún no ha tomado medidas al respecto. 

El informe de evaluación hecho público este miércoles lleva fecha del 21 de junio de este año, y aunque en él se reconocen algunos “esfuerzos” para “reforzar la democracia interna, la transparencia y la rendición de cuentas en los métodos de trabajo del CGPJ”, se insta a tomar más medidas para evitar la percepción que aún tiene la ciudadanía española de que la Justicia en España está politizada.

En concreto, el GRECO lamenta que “la importante labor llevada a cabo por la Subcomisión de Justicia en el Congreso en relación con la cuestión de la composición del CGPJ haya fracasado”. El organismo recomienda eliminar la elección del turno judicial por parte de los políticos, pero con el fracaso de los trabajos de la subcomisión “se ha perdido la oportunidad de subsanar lo que ha demostrado ser, en los ojos de los ciudadanos, el talón de Aquiles de la judicatura española: su supuesta politización”.

El informe concluye que la recomendación lanzada en su día “no se ha cumplido”, pero se cuida mucho de poner en tela de juicio la independencia de los jueces españoles. De hecho, el en informe de seguimiento asegura que, aunque el legislativo no haya acometido la modificación del método de designación de los miembros del CGPJ, “esto no quiere decir que se ponga en tela de juicio la independencia de los jueces”.

“El GRECO ha sido muy claro a este respecto y desea volver a serlo: no cabe duda de la independencia e imparcialidad de los jueces en el desempeño de sus funciones”, sostiene la evaluación. Pero cuando las estructuras de gobierno del poder judicial no se perciben como imparciales e independientes, hay “un impacto inmediato y negativo en la prevención de la corrupción y en la confianza del público en la equidad y eficacia del sistema jurídico del país”, argumentan.

Por tanto, el organismo vuelve a insistir en la necesidad de que las autoridades políticas españolas “no deben participar, en ningún momento, en el proceso de selección del turno judicial”.

El informe también se refiere a otros asuntos más allá del CGPJ. En general, reconoce avances con respecto a 2013 pero también pide una estrategia general anticorrupción y una implementación efectiva de las leyes en España. 

El GRECO admite que las autoridades españolas han realizado esfuerzos positivos en este periodo para adoptar y modificar las leyes y reglamentos anticorrupción, pero la supervisión y la rendición de cuentas “son su aspecto más débil”. 

En definitiva, el organismo aprecia “una gran brecha entre la legislación y su implementación en la práctica”.

Entre las recomendaciones en que se vuelve a incidir están las que se refieren a “hacer frente a los riesgos de puertas giratorias cuando los funcionarios del Gobierno dejan sus funciones para trabajar en el sector privado”. Para ello, se exigen “normas y procedimientos más estrictos”. 
Los cuerpos policiales que dependen del Estado también son objeto de análisis. Se cita a la Policía Nacional y a la Guardia Civil para reclamar una mejora en sus mecanismos internos de prevención de la corrupción. 
En concreto, se insta a llevar a cabo “una mejor evaluación y gestión de riesgos y el refuerzo de las normas éticas y su comunicación a diario” y “una mayor transparencia, objetividad y equidad en relación con los procesos relacionados con la carrera profesional y la asignación de bonos, medallas y otros beneficios”.
Pese a la desatención de algunas recomendaciones, el GRECO concluye que “el nivel de cumplimiento de España ya no es ‘globalmente insatisfactorio’ y por lo tanto, ya no está sujeto a su procedimiento de incumplimiento”, pero se espera una acción más decidida con respecto a la regulación del lobby” y se urge a acometer medidas respecto al CGPJ, la única de las 11 recomendaciones lanzadas que sigue sin implementarse, ni siquiera parcialmente.