La forma de actuar del Gobierno en esta caso ha causado la perplejidad de la patronal hotelera Hosbec, que agrupa a la casi totalidad de los 72 hoteles existentes en la capital turística de España: su presidente, Federico Fuster, asegura no haber recibido ningún tipo de comunicación oficial de esta agencia delegada por la Cruz Roja y el Ministerio con vistas a 'negociar' los alojamientos para los inmigrantes que pretenden ser resituados por toda la Península como modo de aliviar la enorme presión migratoria a la que está sometido el archipiélago canario desde hace meses.
Hosbec tiene constancia de que al menos tres establecimientos de Benidorm han recibido la oferta de la entidad que gestiona la búsqueda de alojamiento a los inmigrantes bajo las indicaciones, vía Cruz Roja, del departamento que dirige José Luis Escrivá. Han sido peticiones individualizadas en las que se ha fijado un precio para el hotel de 37 euros por persona y día durante un periodo inicial de tres meses.
El hecho de que no haya habido ningún tipo de petición oficial de parte de las autoridades estatales lleva a considerar a Fuster que la política y los prejuicios ideológicos se están imponiendo a cualquier otra consideración cuando el Gobierno "escoge un núcleo turístico tan icónico como este, que registra además una desestacionalización con ocupaciones durante todo el año que no descienden del 80 por ciento".
En este sentido, Fuster recuerda tanto la importancia de la campaña de viajes del Imserso para el sector local en temporada baja como los reiterados encontronazos que la patronal que preside ha tenido con la encargada de presupuestarlos: la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, también secretaria general de Podemos, quien, en opinión de los empresarios turísticos de Benidorm, no cree en ese programa para los jubilados, "probablemente porque cuenta con que los mayores no forman parte de su electorado natural".
"Trabajando a pérdidas"
De hecho, el programa del Imserso ha estado bloqueado durante los últimos meses por la demora en la adjudicación de un nuevo contrato, y la expectativa ministerial de pasar a 900.000 plazas en absoluto se ha visto cumplida.
Además, desde que se desencadenó la escalada inflacionaria, los hoteleros han venido denunciando estar "trabajando prácticamente a pérdidas" con este programa, activado desde este mes de noviembre, en el que el Ministerio abona a los hoteles 26 euros por pensionista, once euros menos por persona y día que la cantidad ofrecida por el Gobierno en el caso de los inmigrantes que prevé trasladar desde Canarias.
Pese a lo "elocuente" de que el El Ejecutivo fije una subvención muy superior para el realojo de un inmigrante que por la pernoctación de un pensionista adscrito al Imserso, los efectos de la eventual acogida del contingente de extranjeros procedente de las islas van mucho más lejos para la patronal hotelera de Benidorm, objeto recurrente de crítica para los tabloides de Reino Unido desde hace años aun siendo desde hace décadas un destino preferente para los británicos.
"El realojo de los inmigrantes no afectaría de lleno al turismo de invierno, pero causaría un impacto que en nada beneficiaría la imagen de Benidorm como destino disponible todo el año". Algunos hoteleros amplían el perjuicio y no dudan de que el turismo extranjero "se resentiría" porque "esto se convertiría en un circo mediático durante al menos tres meses" con el consiguiente efecto disuasorio.
El razonamiento de Fuster es que "carece de sentido acudir a un emplazamiento como Benidorm cuando existe una España vaciada que sigue despoblándose y otros destinos turísticos mucho más estacionalizados cuya planta hotelera está prácticamente vacía en esta época del año".
Hosbec tiene constancia, por ejemplo, del interés por este tipo de realojos que han manifestado algunos hoteleros de Castellón cuyos hoteles registran ocupaciones muy bajas durante el otoño y el invierno.
Como informó Vozpópuli, el Gobierno pagará por estos alojamientos en hoteles y hostales hasta 49 euros por día. No obstante, el mayor importe lo generan los traslados: por cada viaje en avión la cantidad abonada asciede a 240 euros.
El precio también sube si los inmigrantes se acogen en las grandes ciudades ya que se abona 163 euros por persona al día. La atención en costas supone un precio de 208 euros y la atención sociosanitaria CETI, 350 euros por inmigrante.
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