Portavoces del colectivo han apuntado, a través de un comunicado, que "desde hace varios días, hay una intensa y continua actividad de amontonamiento, carga y descarga de graneles pulverulentos en los muelles 13, 15 y 17 del Puerto de Alicante. Recordamos que los muelles 13 y 15 no disponen de ninguna instalación cerrada para este almacenamiento y manipulación como marca la ley y como estableció el TSJCV en enero de 2019, con el fin de evitar la emisión al aire de la ciudad de partículas contaminantes y peligrosas para la salud humana", según sostiene.
"Pero es que la situación del muelle 17 es como mínimo escandalosa, puesto que la carga de buque a camiones se está produciendo fuera de la nave construida hace ya dos años y que sigue sin estar totalmente operativa, tras meses y meses de excusas sobre problemas para su funcionamiento", según recalca la plataforma.
Por todo ello, la PPS exige a la Autoridad Portuaria "que no permita la actividad de acopio, carga y descarga de graneles pulverulentos al aire libre y exija el pleno funcionamiento inmediato de la nave cerrada del muelle 17, que no está cumpliendo con la finalidad para la que fue construida, que es evitar la contaminación del aire que respiramos los alicantinos y alicantinas".
En principio, fuentes consultadas precisan que la terminal específica con nave cerrada gestionada por Eiffage Infraestructuras está en funcionamiento al 75%.
Sea como fuere, el colectivo también insta a la "Generalitat Valenciana a que realice las inspecciones necesarias, aperture los expedientes sancionadores oportunos, en los que se debe incluir la agravante de reiteración en la actividad irregular tras los últimos expedientes resueltos, y si es necesario proceda a la suspensión de toda actividad granelera que no se realice en el interior de la nave cerrada".
Y por último, también reclama "al Ayuntamiento de Alicante y en particular al señor alcalde un posicionamiento rotundo en defensa de la salud de los habitantes de los barrios más próximos al Puerto, en especial del alumnado de los 11 centros escolares de su entorno, y que como consejero actúe ya para exigir el fin de la actividad al aire libre y el pleno funcionamiento de la nave cerrada".
"Conocedora esta Plataforma de la reunión mantenida por el señor Barcala con el nuevo presidente de la APA, no podemos comprender ni aceptar que no haya aprovechado la misma para, en defensa de los intereses de la ciudad a la que representa, exigir el cumplimiento de la ley en esta materia. De lo manifestado en los medios de comunicación, se desprende que, en los asuntos de mayor conflicto con el Puerto, como son la actividad granelera al aire libre y la amenaza de instalación de megadepósitos en los muelles 19 y 21, el señor Barcala no ha transmitido ni exigido al presidente de la APA el cumplimiento de la ley y su enérgico rechazo a proyectos que atentan contra la salud y la seguridad de los alicantinos y alicantinas. Además, reiteramos la solicitud de reunión que esta Plataforma le hizo al señor alcalde y a la cual no hemos tenido contestación", abunda el comunicado.
A juicio del colectivo, "no es compatible ni razonable promocionar y apoyar (al parecer con amplio consenso) un modelo de puerto en el que se apuesta por el turismo de cruceros, la interacción puerto-ciudad, la economía digital, la innovación tecnológica, la instalación de un Palacio de Congresos… con actividades contaminantes y peligrosas como la carga y descarga de graneles tóxicos al aire libre o la pretensión de instalar 20 macro depósitos de combustible fósil, proyecto que supone un altísimo riesgo para la seguridad de la población y los intereses medioambientales, sociales y económicos de la ciudad", argumenta la PPS.
"En estos días en los que tanto se habla del deber de cumplir con la Constitución y el Estado de derecho, los ciudadanos y ciudadanas de Alicante seguimos sufriendo la vulneración de nuestro derecho a la salud y a un medio ambiente saludable por parte de empresas privadas que llevan a cabo su actividad económica en el puerto urbano de Alicante con el consentimiento y complicidad de las administraciones públicas que han de velar precisamente por el cumplimiento de la legislación vigente. Recordamos que todas ellas están infringiendo la sentencia firme del TSJ de enero de 2019 que obligaba a la realización de la actividad granelera en naves cerradas y en depresión para garantizar los derechos constitucionales que amparan a la ciudadanía alicantina", concluye el comunicado.
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