Y es que, el nuevo Plan de Demarcación -antes Hidrológico- de la Cuenca del río Segura (PHCS), recoge la expropiación de derechos, lo que, según Del Amor, supondría un riesgo sobre las hectáreas regables reconocidas al Scrats, así como plantea opciones como la compra de agua a Estremera "cuando es algo que no está fijo". "Que se cree el Banco del Agua y acudiremos a él", añadió.
Del Amor, quien subrayó la importancia de esta nueva normativa por cuanto "nos va mucho en ella, porque es fundamental para lo que va a ocurrir", apuntó que otra de las alegaciones recoge la "oposición frontal" del Scrats a que la desalación sea la opción principal para los regantes, hasta el punto que cifra en más de 300 hm3 los que se obtendrían mediante esta técnica con la agricultura como destino.
En este sentido, Del Amor repitió que la desalación "es un complemento, pero sigue teniendo un precio muy elevado para los regadíos". "La desalación masiva es inviable con los precios que tiene y, por ello, insistimos en que se necesitan aportes externos, vengan de donde venga, me da igual el Duero, el Tajo o el Guadalquivir", apostilló.
Asimismo, criticó que en el nuevo documento de plan de cuenca se cifren las necesidades hídricas en 800 hm3 "cuando son 100 hm3 más, según el estudio que realizó la Universidad de Córdoba", y apuntó que otra de las alegaciones pide que se prorrogue hasta 2015 las restricciones a los nitratos y nitritos para reducir la contaminación ambiental "y que se propongan medidas para ello".
También solicitan los regantes en sus alegaciones que se separe la demanda industrial de la humana (consumo doméstico), al tiempo que rechaza la propuesta de sustitución gradual y de forma parcial de las tomas de agua del acueducto Tajo-Segura para los agricultores de Riegos de Levante desde el azud de Ojós, en Murcia, a la presa de San Antonio, en Guardamar, como se hacía hasta hace unas décadas.
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