VALENCIA.- La Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de cuatro años de prisión para Francis Puig --hermano del expresident de la Generalitat Ximo Puig-- por la presunta comisión de delitos de falsedad documental y estafa en la obtención de subvenciones para empresas de comunicación. Para su socio, Juan Enrique Adell Bover, propone una condena de tres años de cárcel.
Así figura en el escrito de acusación dirigido por el Ministerio Público al Juzgado de Instrucción nº 4 de Valencia, adelantado este martes por Las Provincias.
Fiscalía cree que, en el caso de Francis Puig, procede imponer, por el delito de falsedad documental continuada en concurso medial con un delito de estafa agravada, cuatro años de prisión y multa de diez meses, --a razón de 20 euro por día-- e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, con la responsabilidad personal subsidiaria de cinco meses en caso de impago de la multa.
Para Adell Bover, la solicitud es, por delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con otro de estafa agravada por cooperación necesaria, de tres años de prisión y multa de diez meses a razón también de 20 euros por día.
El pasado mes de enero, el Juzgado de Instrucción nº4 de Valencia dictó el auto por el que acordaba procesar a Francis Puig y Juan Enrique Adell Bovell, administradores de Comunicacions dels Ports SA y Canal Maestrat SL, respectivamente, en el marco de la causa en la que se investigan subvenciones públicas para el fomento del valenciano en medios de comunicación que percibieron ambas empresas y Mas Mut Produccions SL (administrada también por el primero de ellos) entre los años 2015 y 2018.
El magistrado considera, a partir de la instrucción llevada a cabo, que los hechos podrían ser constitutivos de delitos de estafa y falsedad documental. La resolución descarta expresamente la comisión del delito de fraude en las subvenciones porque la cantidad supuestamente percibida de forma indebida por los investigados y sus sociedades, en torno a unos 67.500 euros, no alcanza la cuantía de 120.000 euros que requería el tipo penal vigente en el momento de los hechos.
Según el auto de incoacción de procedimiento abreviado, el magistrado señala que «las conductas son relevantes en un doble aspecto, tanto cuantitativo, como se ha expresado en los hechos de la presente resolución, así como en los instrumentos utilizados: facturas falsas, sociedades instrumentales, domicilios ficticios, actividades carentes de forma patente de cualquier tipo de relación con la subvención que efectivamente se obtuvo y produjo el subsiguiente enriquecimiento a favor de las sociedades administradas por los investigados Francisco Puig Ferrer y Juan Enrique Adell Bover».
La resolución judicial detalla los indicios que apuntan al uso por parte de los investigados de facturas falsas, sociedades instrumentales, domicilios ficticios o actividades no relacionadas con las subvenciones para obtenerlas.
La causa se ha centrado en las ayudas concedidas por ambas instituciones autonómicas a las empresas Comunicacions dels Ports SA, Mas Mut Producción SL y Canal Maestrat. En el caso de la Generalitat valenciana, las ayudas iban dirigidas a la protección y difusión del valenciano, mientras que en el de la Generalitat Catalunya el objeto era otorgar subvenciones estructurales para la prestación de servicios en legua catalana o aranesa.
El origen de la investigación judicial es una querella que el PP presentó en un juzgado de Valencia en marzo de 2019 contra el entonces director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, y contra Francis Puig, hermano del entonces president de la Generalitat, Ximo Puig, por presunta prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude en esas subvenciones.
El objeto de la querella eran las ayudas de la Generalitat al valenciano en medios de comunicación de 2015 y 2016 a Comunicació dels Ports y Mas Mut Producciones, empresas en las que Francis Puig era administrador.
A finales de noviembre de 2019, el PP amplió la querella para incluir a Juan Enrique Adell Bover, al considerar que el grupo empresarial de la familia Adell Bover (con empresas como Canal Maestrat, donde era administrador solidario, y Kriol, donde era administrador único) contribuyó al supuesto fraude de las ayudas al valenciano con cuestiones como facturas duplicadas.
El 31 de enero de 2025 se conoció el auto de procesamiento abreviado contra Francis Puig y Adell por hechos que podrían ser constitutivos de delitos de estafa y falsedad documental.
El juez descarta expresamente el delito de fraude en las subvenciones, porque la cantidad supuestamente percibida de forma indebida, unos 67.500 euros, no alcanza la cuantía de 120.000 euros que requería el tipo penal vigente en el momento de los hechos.
La resolución judicial detalla indicios que apuntan al uso por parte de los investigados de facturas falsas, sociedades instrumentales, domicilios ficticios o actividades no relacionadas con las subvenciones para obtenerlas.
La Fiscalía pide para Adell tres años de prisión por el delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito de estafa agravada, por cooperación necesaria.
El Consell asegura que va a "perseguir hasta el final cada céntimo de euro que se concedió
La vicepresidenta primera de la Generalitat y portavoz del Consell, Susana Camarero, ha asegurado que el gobierno valenciano va a "perseguir hasta el final cada céntimo de euro del dinero público de los valencianos que parece que se concedió al hermano de (el expresidente de la Generalitat) Ximo Puig", y que por ello se personó la Generalitat en abril en la causa abierta contra Francis Puig.
Así lo ha señalado, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, preguntada por su valoración sobre la solicitud por parte de la Fiscalía Anticorrupción de una pena de cuatro años de prisión para Francis Puig por la presunta comisión de delitos de falsedad documental y estafa en la obtención de subvenciones para empresas de comunicación. Para su socio, Juan Enrique Adell Bover, propone una condena de tres años de cárcel.
"La fiscalía pide cárcel porque ve indicios de falsedad y de estafas, una cuestión muy grave, y lo que nos preocupa a nosotros es recuperar cualquier euro de los valencianos que haya podido ser robado o eliminado de los valencianos y destinado a un mal uso", ha subrayado Camarero.
Asimismo, ha criticado que, mientras, "las declaraciones de los representantes del PSOE son que hay cero corrupción en el Consell de Ximo Puig". Los hermanísimos de los presidentes parece que están más que protegidos y beneficiados y hay un ejercicio de hipocresía o de memoria selectiva por parte de los representantes del PSOE que dicen que no hay corrupción. Parece que la Fiscalía les dice precisamente lo contrario", ha comentado Susana Camarero.
La portavoz se ha referido, además de a Francis Puig, a "la familia íntegra del presidente del Gobierno actual", con "su hermano investigado, su mujer, sus números dos, el ministro de Fomento, el fiscal, todos investigados".
Sobre si les satisface el importe de 58.866 euros que cifra la Fiscalía como indeminización a la Generalitat Valenciana, Susana Camarero ha reiterado que el Consell se ha personado en la causa y van a ser "extremadamente escrupulosos con el uso del dinero de todos los valencianos".
Así, ha explicado que "se están realizando las comprobaciones de la justificación del dinero que ha llevado a la devolución de fondos no justificados".
A renglón seguido, ha insistido: "Vamos a perseguir hasta el final este dinero. No vamos a consentir que el dinero de los valencianos se vaya al bolsillo de ningún hermano, ni del hermano de Ximo Puig ni de nadie. Por lo tanto, habrá que estudiar qué dice la Fiscalía, pero desde luego a perseguir cada euro que no haya sido bien usado, en este caso por el hermano de Ximo Puig".
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