La referencia del Consejo recuerda que su objetivo principal es que los estados miembros establezcan en su derecho interno procedimientos eficaces a favor de las personas que hayan sufrido daños resultantes de corrupción, con el fin de permitirles defender sus derechos e intereses, incluida la posibilidad de indemnización por dichos daños.
Añade que es el primer intento para definir principios y normas comunes internacionales en el ámbito del derecho civil sobre corrupción.
En el Consejo de Europa el enfoque ha sido multidisciplinar, tratando la corrupción desde el punto de vista del derecho penal, civil y administrativo.
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