En una reunión en Alicante, Soler (PSPV) y Marín (PP) han plantado esta reforma en los mismos términos que la acordada por los dos gobiernos autonómicos con la Junta de Andalucía el pasado mes de septiembre, al considerar que el modelo actual es "discriminatorio, insuficiente, complejo y poco transparente".

Ambos han coincidido en "acercar posturas" en torno a la financiación y en que el nuevo modelo sea equitativo y garantice la suficiencia financiera al conjunto de las autonomías, además de abordar el problema de la deuda histórica y estar diseñado con mayor transparencia y sencillez.

La reunión se ha celebrado tras la triple manifestación unitaria contra la infrafinanciación que tuvo lugar el sábado en la Comunitat y en el mismo día de la cumbre de Santiago donde representantes de ocho CCAA -Galicia, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, La Rioja, Cantabria y Asturias- han sellado un documento que aboga por que el nuevo sistema sea fruto del "consenso multilateral" en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), teniendo en cuenta todas las necesidades y posiciones.

En esta línea, los consejeros valenciano y murciano han coincidido en que sus principios son asumibles por el resto de las comunidades, con independencia de siglas políticas.

Soler ha defendido que la infrafinanciación "ni es un problema solo de los valencianos ni una cuestión partidista, sino un problema de Estado que urge solventar". Por eso ha confiado en que desde el diálogo y el consenso podrán sumar los apoyos necesarios para lograr una reforma que es "más perentoria que nunca para afrontar la recuperación en igualdad de condiciones".

"Nuestra bandera es la evidencia de la infrafinanciación de algunos territorios y la necesidad de que todos los ciudadanos y ciudadanas, con independencia de su lugar de residencia, tengan las mismas oportunidades para disfrutar de un escudo social fortalecido, público y de calidad", ha aseverado.

Aunque el conseller valenciano ha reiterado el "apoyo sin precedentes" del Gobierno a las comunidades durante la pandemia, ha insistido en que urge mantener para seguir atendiendo las necesidades sanitarias y socio-sanitarias derivadas de la covid sobre todo en las regiones infrafinanciadas.

Por su parte, el consejero murciano ha señalado que la Región dejó de recibir solo el año pasado cerca de 800 millones de euros como consecuencia del sistema de financiación, lo que supone "140 centros de salud o 385 centros educativos menos". También ha apuntado a la insuficiencia de recursos como "responsable directa del 90 por ciento de la deuda" de Murcia.

"Si no encontramos una salida a esta deuda injusta estaremos lastrando la recuperación y el futuro de las comunidades infrafinanciadas", ha avisado, y ha pedido que el debate sobre la financiación se aborde desde una perspectiva "amplia e integradora".

Por todo ello, ambos han vuelto a instar al Ministerio de Hacienda a crear un mecanismo transitorio hasta la entrada en vigor del nuevo sistema de financiación, con el objetivo de hacer frente a la pandemia en igualdad de condiciones y de mejorar tanto la sanidad como la educación y los servicios sociales.

A su juicio, este fondo de nivelación también es necesario para impulsar las políticas industriales, el empleo y la inversión. Además de reivindicar el artículo 156 de la Constitución, han advertido que se ha consolidado una insuficiencia global del sistema que se cifró por expertos ya en 2017 en 16.000 millones de euros.

Con todo, los consejeros se han congratulado con el compromiso del Gobierno de que el nuevo sistema contará con mayores recursos y, aunque se han mostrado prudentes hasta conocer la propuesta del Ministerio, creen que es un primer paso para "desdramatizar" la reforma y lograr avanzar.