ALICANTE.- El pleno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado la propuesta de ordenanza cívica promovida por el equipo de Gobierno, el bipartito compuesto por PP y Cs, desde el pasado mes de octubre de 2020, y cuya tramitación se ha reactivado ahora. Esta normativa contempla sanciones para el ejercicio de la mendicidad o la prostitución en las calles para, según el consistorio, "combatir las mafias".
La regulación ha quedado refrendada con el respaldo de Vox (en total 15 votos) y el rechazo de las tres fuerzas de la oposición
que conforman el eje de la izquierda: PSOE, Unidas Podemos y Compromís.
En total han sumado 13 votos frente a los 16 PP, Cs y Vox, y han visto
rechazadas sus enmiendas.
La normativa recupera, en parte, la ordenanza promovida bajo el mandato de la exalcaldesa del PP Sonia Castedo (derogada por PSOE Guanyar y Compromís tras las elecciones de 2015) al prever la imposición de multas por conductas incívicas como la actuación de los 'gorrillas' o grafitis, así como sanciones por el ejercicio de la mendicidad o el ofrecimiento de servicios sexuales.
Estas dos últimas circunstancias han suscitado muestras de rechazo y contestación social por parte de entidades y asociaciones dedicadas a la atención de colectivos desfavorecidos, como la Plataforma contra la Pobreza o Cáritas.
La norma queda ahora expuesta a la presentación de alegaciones, tras superar este primer trámite de aprobación inicial. Así lo ha subrayado el propio concejal de Seguridad, José Ramón González (PP), quien ha defendido la iniciativa como necesaria para proporcionar a la Policía Local una herramienta jurídica con la que poder atajar comportamientos incívicos en el espacio público y quien ha animado a cualquier interesado a formular objeciones.
En esta línea, ha incidido en que la ordenanza
se basa en el texto marco promovido por la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP) y que otras poblaciones gobernadas por formaciones progresistas ya están aplicando o promoviendo ordenanzas similares, entre las que ha citado a Dénia, Barcelona o Valencia.
Además, ha incidido en que se trata de "una buena propuesta" que trata de erradicar comportamientos incívicos
en el espacio público y que también promueve la persecución de "las
mafias dedicadas a la mendicidad y a la explotación sexual".
De igual modo, ha asegurado que el equipo de Gobierno ya ha promovido medidas para la atención de personas en situación de vulnerabilidad
a través del Plan de Inclusión social, una circunstancia que, según ha
destacado, no se tuvo en cuenta cuando se derogó la ordenanza
precedente. "Ustedes no hicieron nada, abandonaron a su suerte a los
mendigos", ha enfatizado.
En el turno de intervenciones, el portavoz de Vox, Mario Ortolá,
ha justificado su respaldo a la propuesta al coincidir con PP y Cs en
que se trata de una normativa necesaria "para asegurar la convivencia".
De igual modo, también ha asegurado que se trata de una norma dirigida a "penalizar" conductas incívicas como la explotación sexual
y ha insistido en que se trabaje desde otros ámbitos, como el Plan de
Inclusión Social, para procurar las ayudas que resulten necesarias a los
desfavorecidos.
Los representantes de los grupos del eje progresista han sido especialmente críticos con la propuesta, hasta el punto de anticipar su intención de revertir su aprobación si acceden al gobierno tras las elecciones de 2023, en el supuesto de que llegue a aplicarse en su redacción actual.
La oposición estudiará acciones legales
El portavoz de Compromís, Natxo Bellido, ha insistido en que "la imposición de multas no ayuda a erradicar la exclusión social" y ha instado a los ediles del grupo municipal de Cs a reconsiderar su voto
y no respaldar una ordenanza en la que no se había llegado a incorporar
sus aportaciones en forma de enmiendas, después de que se registrasen
fuera de plazo.
El portavoz de Unides Podem EU, Xavier López, ha anticipado la intención de su grupo de estudiar acciones legales
frente al texto al considerar que se han registrado irregularidades en
su tramitación administrativa, como la ausencia de un periodo de
participación pública previo, entre otros puntos.
De igual modo, también ha reprochado a PP y Cs que no haya sometido la ordenanza a la consideración del Consejo de Igualdad, al Consejo de Cooperación o al Consejo Social "de forma deliberada".
Por el PSOE, Llanos Cano también ha recriminado el carácter punitivo y "policial" de la ordenanza y también ha emplazado a Cs a desmarcarse mediante el texto alternativo promovido por su partido "en el que no se prevé la persecución" de personas expuestas a situaciones de vulnerabilidad y se incorporan medios de ayuda para favorecer su inclusión, al tiempo que se incluyen otros comportamientos incívicos "que no se tienen en cuenta en la propuesta actual".
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