VALENCIA.- La Agència Valenciana Antifrau (AVAF) celebra su quinto aniversario con un balance de 914 expedientes abiertos, más de la mitad de ellos resueltos y 33 derivados a los tribunales, y un centenar de personas protegidas por denunciar casos de corrupción y malas prácticas. Actualmente mantienen este estatus un total de 26 denunciantes.
Son cifras que ha trasladado el director del organismo, Joan Llinares, a los periodistas tras la apertura del seminario organizado con motivo del aniversario en Fundación Adeit.
Llinares ha destacado que AVAF es la primera institución española que protege a las personas que denuncian irregularidades o incumplimientos, bien sea corrupción o conflictos de interés, y ha puesto en valor que la mayoría de los expedientes derivan en recomendaciones y mejoras en las administraciones. Otros se derivan al Tribunal de Cuentas cuando "la anomalía es de alcance económico importante".
Una de las funciones que más ha resaltado es la protección de los denunciantes, principalmente funcionarios, a los que la agencia les asesora o asiste jurídicamente: "Vigilamos para que no sufran ninguna represalia en su ámbito laboral y en su entorno".
En general, Llinares ha recordado que las administraciones valencianas tienen unos "deberes" porque están obligadas a cumplir con la orden del Ministerio de Hacienda que establece que deben presentar antes de fin de año un plan de prevención y lucha contra el fraude "si quieren recibir fondos europeos". Los consistorios también disponen de una guía de AVAF para realizar este proceso.
"Que cumplan las normas, porque es mucho el dinero que se pierde con la corrupción", ha subrayado, un dinero que en España rondaría los 65.000 millones de euros según el Fondo Monetario Internacional (FMI). Es más, ha recordado que las conductas no éticas o el conocido como despilfarro también hacen perder dinero aunque no estén tipificados como delitos.
Preguntado por una investigación al Ayuntamiento de Los Montesinos, después de que la sección cuarta del TSJCV haya anulado la condición de persona protegida al técnico municipal que denunció irregularidades urbanísticas, Llinares ha explicado que la decisión del alto tribunal valenciano se debió a que este proceso ya estaba en marcha cuando se constituyó la agencia.
Con todo, ha remarcado que fue el propio funcionario el que solicitó la protección tras acumular "una serie de sentencias favorables" que anulaban expedientes municipales. "Con todo el respeto a las decisiones judiciales, no entendemos que haya dos categorías de personas que denuncian corrupción", ha recalcado, advirtiendo que va contra la directiva europea que obliga a los estados a proteger a los denunciantes presenten donde presenten las denuncias.
El titular de Antifrau ha añadido que el Gobierno central traspondrá próximamente esta directiva de la Unión Europea, con lo que "todos los poderes públicos, incluido el judicial, tendrán que integrarla en sus decisiones".
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