Jiménez, que hizo estas declaraciones tras mantener una reunión con el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, denunció que la desalación es «la única opción que baraja el Miteco para resolver el complicado escenario que está planteando de caudales ecológicos en el Tajo».
En este sentido, señaló que el Gobierno central «lleva dos líneas de trabajo y ambas confluyen en un mismo hecho, finiquitar en buena parte el Trasvase Tajo-Segura». Una de esas líneas es «acabar con las tensiones políticas en la vecina Castilla-La Mancha» y eso, ha dicho, «conduce inequívocamente a ir recortando drásticamente el trasvase».
La segunda línea a la que hizo referencia Jiménez es la apuesta por la desalación como «única opción en materia de agua para esta cuenca». Al respecto, indicó que «no es necesario» implementar caudales ecológicos «por encima de lo que ya estaba pasando en algunos puntos como Aranjuez».
Asimismo, precisó que el Gobierno reconoció que «buena parte de los problemas» de contaminación en el Tajo «no se deben al trasvase», sino a «problemas de depuración en Castilla-La Mancha y en la propia Comunidad de Madrid».
Otra de las líneas «fundamentales» del Gobierno para «ir acabando periódicamente con el trasvase», según el presidente de SCRATS, es que «nuestros técnicos, que son quizás los mejores del país, descubrieron un error que importante que afectaba al eje del Tajo que más incide en el trasvase», en referencia a los volúmenes de caudales ecológicos planteados para Aranjuez, Talavera y Toledo.
«Con lealtad no avisamos a los medios informativos, sino que comunicamos el error al Miteco y a representantes políticos afectos a este de esta región. ¿Qué hizo el Ministerio? Lo lógico hubiera sido corregir ese error, ajustarlo con la metodología que había usado en todo el eje del río del Tajo» porque «el caudal que daba era un poco superior al que hay ahora, pero no muy superior».
«Lejos de eso», agregó Jiménez, «lo que hizo fue cambiar toda la metodología del río Tajo para conseguir una cifra similar; lo irónico es que es incluso un poco superior a lo que tenía previsto como caudal ecológico», y todo, ha matizado, en base a una «planificación netamente política».
Otro de los elementos sobre los que ha llamado la atención es la imposición de lo que ha llamado «la ley del silencio», pues «ni en el propio Ministerio ni en organizaciones afectas a este, de carácter regional, ya se habla del caudal ecológico».
«El MITECO ha dado una orden de silencio para ellos», ha criticado al respecto.
Desalación «con calzador»
Para el presidente de Scrats, el Gobierno central ha introducido la desalación «con calzador». «Y esa desalación se empieza casualmente a producir la tramitación de las concesiones en este momento, se nos pide que a toda marcha firmemos las comunidades de regantes unos convenios que van a vincular nuestra vida con la desalación en el futuro».
Para Jiménez, «no son convenios, son contratos de adhesiones con condiciones auténticamente leoninas, en donde no se nos dice algo que yo creo importante que es el precio del agua desalada, y donde se incumple la normativa que dice que el agua desalada tiene que costar 30 céntimos, no un euro y medio como posiblemente pagamos».
A esto, ha añadido que «todas esas señales» llevan al Sindicato a pensar que «esas dos líneas de trabajo que ha tenido siempre el MITECO están clara: cargarse el Tajo-Segura en la parte al menos que afecta al regadío».
Precios que afectarán a la población
El máximo representante de Scrats se mostró convencido de que también la sociedad civil «se va a enfrentar también a precios que van a afectar a su bolsillo», porque «una mayor dependencia de la desalación, de un recurso que tiene como origen principal la energía eléctrica, nos puede enfrentar en un futuro a precios que están por ver».
«En esa batalla nosotros vamos a estar enfrente del Ministerio. Decimos sí al agua, pero no a cualquier precio», ha precisado el dirigente del Scrats, que ha exigido que «se aplique la ley», una norma en la «se habla de 30 céntimos» para el agua desalada.
Al hilo, ha expresado su malestar por tener que solicitar algo que ya está reflejado en la normativa vigente, máxime cuando «nuestros competidores, que son los compañeros del resto del país, están pagando una media de 3-4 céntimos el metro cúbico». Los precios por el agua desalada que se pagan en la Región, Alicante y Almería harían «inviable», según sus palabras, la agricultura de futuro en esta región.
Desde Scrats no van a firmar las condiciones impuestas por el Miteco, al menos hasta que este no responda a la misiva que el Sindicato le remitió para expresar su malestar. «Nos costa que están trabajándola con una serie de condiciones, y en el momento en que estas se centren, firmaremos», apostilló Jiménez.
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