La nueva ley, que ya había sido aprobada en mayo por la Cámara de Diputados, fue adoptada por el Senado con 157 votos a favor, 124 en contra y tres abstenciones.
Con el paquete de medidas, el gobierno liderado por el multimillonario Berlusconi endurece su política contra la inmigración, tal como había prometido hace un año durante la campaña electoral.
Las medidas han sido condenadas por la izquierda así como por las organizaciones de defensa de los derechos humanos y la Iglesia católica.
La ley sobre la seguridad fue aprobada gracias al voto de confianza, un mecanismo para evitar el debate en el Parlamento, debido a las críticas que generan las medidas incluso en el seno de la coalición gubernamental.
El artículo más controvertido es aquel que introduce el delito de inmigración clandestina, castigado con una multa de 5.000 a 10.000 euros y la expulsión inmediata.
Se amplía de dos a seis meses la retención de los inmigrantes en los centros de identificación y de acogida con el fin de facilitar la identificación del inmigrante y su expulsión al país de origen.
A partir de ahora, en Italia, el hecho de alquilar un apartamento a un inmigrante clandestino o simplemente ofrecerle el hospedaje podría ser sancionado con penas de hasta tres años de cárcel.
En materia de seguridad interior, la medida más emblemática, adoptada bajo la presión del movimiento xenófobo Liga Norte (extrema derecha), aliado clave de Berlusconi, es la posibilidad de que "asociaciones de ciudadanos" realicen rondas para señalar las alteraciones del orden público.
No hay comentarios:
Publicar un comentario