ALICANTE.- Ahora sí: los plazos comienzan a correr de forma oficial para que la sentencia dictada por la Audiencia Provincial en la pieza desgajada del caso Brugal sobre el Plan General de Alicante pueda adquirir firmeza, recuerda hoy Alicante Plaza.
En dicha sentencia, conocida en julio, el tribunal acordó la absolución de siete de los nueve procesados y solo impuso penas de multa para el exalcalde Luis Díaz Alperi y para el empresario Enrique Ortiz por sendos delitos de cohecho impropio relacionados con la recepción o entrega de regalos: un viaje en jet privado a Creta, en el caso del exprimer edil, y una chaqueta de la marca Carolina Herrera, por lo que respecta al promotor.
Ahora, cuatro meses después de que se conociese esa resolución, las acusaciones y las defensas disponen de un margen de diez días para poder anunciar formalmente su intención de interponer un hipotético recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS), en el caso de que se pretenda conseguir que el fallo quede revocado (ya sea para reclamar nuevas condenas o para anular las ya acordadas).
Así se hace constar en una diligencia de ordenación notificada por la Sección Tercera este martes, en el primer día hábil posterior a que se comunicase el auto de denegación de la aclaración y complemento del fallo solicitada por la Fiscalía Anticorrupción.
Como avanzó Alicante Plaza, en ese auto, el tribunal que enjuició los hechos -formado por las magistradas Monserrat Navarro, Cristina Costa y Margarita Esquivá- consideraba que no procedía explicar ni ampliar su sentencia puesto que ya recogía los hechos que se había considerado probados tras la celebración del juicio.
De igual modo, se estimaba innecesario que se reflejase ninguna motivación adicional respecto a la que se expuso durante la vista sobre la admisión de la renuncia de Ortiz al pacto de conformidad que había alcanzado con la Fiscalía cerca de medio año antes de la celebración del juicio.
Superada esa fase, y una vez abierto el plazo oficial para recurrir, se da por hecho que la propia Fiscalía Anticorrupción dará el paso y anunciará su intención de acudir el TS, al mantener que los nueve procesados -entre los que se incluye la también exalcaldesa del PP, Sonia Castedo- incurrieron en los delitos reflejados en su escrito de acusación: revelación de información privilegiada por autoridad o funcionario, cohecho y tráfico de influencias.
Por lo pronto, fue la decisión que se adoptó frente a la sentencia absolutoria dictada por un tribunal de la Sección Séptima sobre la causa matriz del caso Brugal, relacionada con el contrato de recogida de la basura de Orihuela. Ese recurso sigue ahora pendiente de resolución.
De igual modo, la defensa de Díaz Alperi, ejercida por el abogado Vicente Grima, también ha comunicado formalmente su pretensión de acudir al TS para lograr la exculpación del único delito que se le atribuye. No obstante, todavía no ha trascendido si Ortiz y su representación legal podría adoptar esa misma posición.
Por lo pronto, en la misma diligencia de ordenación notificada este martes, la Sección Tercera vuelve a insistir en que las solicitudes de devolución de las cantidades ingresadas por Ortiz y por el promotor ilicitano Ramón Salvador, para cubrir posibles responsabilidades civiles en caso de condena, se resolverán una vez transcurra el plazo para el anuncio de los recursos. Se trata de la misma respuesta que ya se facilitó tras registrarse las solicitudes de reintegro, como también avanzó este diario.
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