ALICANTE.- La Fiscalía Anticorrupción y la defensa del exalcalde de Alicante por el PP Luis Díaz Alperi han anunciado el registro de sendos recursos de casación ante el Tribunal Supremo (TS) frente a la sentencia de la Audiencia Provincial en la causa sobre la tramitación del Plan General de Alicante, una de las veinte piezas del denominado 'caso Brugal'.
El plazo establecido para comunicar la interposición del recurso se cerró este jueves, sin que ninguna otra de las partes personadas en el proceso notificase su intención de solicitar la casación de la sentencia.
En dicha resolución, dictada el pasado mes de julio, la Audiencia de Alicante daba por desmontada la existencia de una supuesta trama para beneficiar al promotor Enrique Ortiz en la que debía convertirse en la futura planificación urbanística de la ciudad.
En esta línea, absolvía a los nueve procesados -entre los que también figuraba la exalcaldesa por el PP Sonia Castedo- de los delitos de corrupción de autoridades o funcionarios públicos, tráfico de influencias, prevaricación, revelación de secretos y aprovechamiento de información privilegiada de los que se les acusaba.
El fallo solo condenaba a Díaz Alperi y a Ortiz como autores de sendos delitos de cohecho impropio por la recepción o entrega de regalos que el tribunal consideraba no vinculados a la tramitación del PGOU.
Tanto el Ayuntamiento de Alicante, que ejerció la acusación particular, como la agrupación local de Esquerra Unida (EU) habían descartado ya la posibilidad de plantear recurso.
No obstante, sí lo ha anunciado la Fiscalía, con la intención de que el TS revoque la sentencia absolutoria. Así, en el anuncio del recurso, detalla que la impugnación se basará en tres motivos de los que, en su opinión, adolecería la sentencia: la infracción de preceptos constitucionales, el quebrantamiento de forma y la infracción de ley.
Por el momento, no ha trascendido la motivación del recurso anunciado por la defensa de Díaz Alperi, condenado al pago de una multa de 6.000 euros por haber aceptado el regalo de un viaje a Creta en jet privado pagado por un empresario.
Por su parte, Ortiz -que fue condenado al pago de una multa de 18.000
euros por regalar una chaqueta de la marca Carolina Herrera a Castedo-
ha renunciado a recurrir.
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