domingo, 11 de enero de 2009

Festival del fraude al fisco en la Comunidad Valenciana

VALENCIA.- Un estudio de Gestha (Técnicos del Ministerio de Hacienda), que cobra relevancia ante la puesta en marcha de la actualización de la Ley de Prevención del Fraude en 2009, revela que el 54,8 por ciento de los arrendamientos urbanos localizados en la Comunidad Valenciana son alquileres sumergidos que escapan del control del Fisco.

En la actualidad, se calcula que existen más de 69.000 alquileres sumergidos en la Comunidad Valenciana. Este colectivo cifra en casi 112 millones de euros anuales las rentas ocultas derivadas del arrendamiento de vivienda.

El estudio de este colectivo cifra la economía sumergida en la Comunidad Valenciana, por ambos conceptos, en casi 20.300 millones de euros, lo que supone casi un 10 por ciento de la bolsa de dinero negro existente en España.

La economía sumergida en España se sitúa en el 23 por ciento del PIB, lo que supone un montante de 208.000 millones de euros, según los últimos datos regionales del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El estudio de Gestha apunta que la provincia valenciana que concentra el mayor volumen de economía sumergida (51,9 por ciento) es Valencia, con 10.478 millones de euros, seguida de Alicante, con más de 7.000 millones y, finalmente, Castellón, con una bolsa de fraude de 2.750 millones de euros, respectivamente.

El informe de Gestha asegura que una de las principales bolsas de fraude existentes en la economía valenciana está relacionada directamente con las operaciones de compra-venta protagonizadas por empresas constructoras e inmobiliarias.

En la actualidad, sólo la evasión fiscal en el sector inmobiliario representa 8.600 millones de euros anuales en España, de los cuales 1.088 millones -el 12,6 por ciento- se localizan en la Comunidad Valenciana

Asimismo, el estudio de Gestha revela que otro de los focos de fraude se encuentra en las pequeñas empresas.

En la actualidad, el 96,8 por ciento de las compañías asentadas en la Comunidad Valenciana que facturan entre 1,8 y 6 millones de euros -más de 7.800 sociedades aproximadamente- escapan al plan de lucha contra el fraude ya que, en la mayoría de los casos, sus cuentas anuales no tienen obligación de ser auditadas, al facturar menos de 4,7 millones de euros, contar con menos de 50 trabajadores o un activo inferior a los 2,3 millones de euros.

Por otro lado, los técnicos consideran que la adquisición de vehículos de lujo constituye también una "válvula de escape" para dar salida al dinero negro procedente de la economía sumergida.

Las ventas de vehículos de alta gama de más de 60.000 euros aumentaron un 13 por ciento en la Comunidad Valenciana en 2007, según datos de MSI, mientras que las matriculaciones de turismos protagonizaron "paradójicamente" un comportamiento mucho más moderado durante aquel año, con descensos del 6 por ciento en la provincia de Valencia, un 4 por ciento en Castellón y un 3 por ciento en Alicante.

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